En el Día Internacional del desaparecido y  desaparecida, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, conformado por más de cien organizaciones y colectivos de afrodescendientes, indígenas, migrantes y víctimas de la violencia armada, de México y Estados Unidos, levantamos la voz para decir Nunca Más. 

La crisis de desapariciones que pesa sobre la región no es un asunto marginal. Desde que se declaró la Guerra contra el Narcotráfico en México en diciembre de 2006, la violencia se instaló como parte de la vida entre nuestros dos países para convertirse en una pandemia de consecuencias mortales. En el México del 2023, los datos oficiales registran más de 110 mil desapariciones. En Estados Unidos, la base de datos de personas extraviadas del Departamento de Justicia, reconoce que cada año se reportan aproximadamente 600,000 personas desaparecidas. Muchas de ellas son encontradas, pero un alto porcentaje no vuelve, como el caso de las más de 5 mil mujeres y niñas indígenas desaparecidas.

Esta devastadora realidad no impacta a todxs por igual. Los mismos registros de ambos países  identifican a la mayoría de las y los desaparecidos como personas de bajos recursos, muchas de ellas en contextos rurales e indígenas. La desaparición forzada tiene raza, etnia y clase. 

En el caso de México, las autoridades son señaladas como responsables de desaparición forzada de personas, tal como lo han demostrado los casos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero y de los 73 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. En el caso de los Estados Unidos la inacción y la desidia de las autoridades frente a las denuncias, sobre todo de personas afrodescendientes, LGBTQI+ e indígenas es un patrón mortal. 

Frente a esta crisis, los Gobiernos de México y Estados Unidos deben usar los esfuerzos y recursos que hoy dedican a detener, criminalizar y deportar migrantes, para encontrar a nuestros y nuestras desaparecidas. Deben poner a la búsqueda de personas al centro del Entendimiento Bicentenario y cualquier otro que exista de cooperación en materia de seguridad binacional. 

El Gobierno de Estados Unidos debe detener la exportación de armas a unidades policiales y militares corruptas y con historial de violaciones a Derechos Humanos y parar el tráfico de 

armas. México debe declarar una emergencia nacional por desapariciones e involucrar a todas la ciudadanía en la búsqueda y localización de personas. 

Y en todos los casos se deben identificar a los responsables, castigarlos con todo el peso de la ley y tomar las medidas necesarias para asegurar la no repetición. 

A  las familias buscadoras y sus organizaciones les damos las gracias por su lucha. A la ciudadanía la invitamos a exigir justicia y no permitir que el Gobierno ignore esta crisis. 

Mientras nos falte uno, cualquiera de nosotros podemos desaparecer.

Los desaparecidos nos faltan a todos y todas. 

Detengan la guerra silenciosa contra la ciudadanía y los pueblos.